1. Entre las diferentes modalidades que establece la ley española para obtener el beneficio de visado y residencia legal en España se encuentra la compra de bienes inmuebles en ese país por un mínimo de 500.000 euros. Esta inversión puede ser mediante la compra de una o varias propiedades, ya sean de carácter residencial o comercial. La citada inversión deberá estar libre de cargas y gravámenes hasta los 500.000 €, el exceso del importe anterior podrá estar sometido a carga o gravamen.
 

Una vez realizada la inversión, el inversionista podrá solicitar una Visa de Residencia que le permitirá vivir legalmente en España:
• Período inicial de un año.
• Se podrá renovar de manera indefinida mientras se mantenga la inversión.
• Durante un año el inversionista podrá vivir o no en España, sin poner en peligro su visa de residencia.

Para mantener y renovar esta visa, el inversionista sólo deberá ingresar al territorio español por lo menos una vez al año.

Autorización de Residencia que le permita a él y a sus familiares vivir y trabajar en España. Esta autorización es otorgada por un período inicial de dos años.

La Visa y la Autorización de Residencia se otorgan al cónyuge y a los hijos menores de 18 años o mayores de edad que no puedan mantenerse por su estado de salud.

2. Adicional a la inversión, se deberá cumplir los siguientes requisitos:
o Ser mayor de edad.
o No ser ciudadano de un estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a quienes se aplique el régimen comunitario.
o No encontrarse irregularmente en el territorio español.
o Carecer de antecedentes penales en España y en sus países de residencia anterior por delitos existentes en el ordenamiento español.
o No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en los Estados miembros del Espacio Schengen.
o Tener medios económicos suficientes para sufragar los gastos de estancia y regreso propios y de sus familiares.
o Contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España.
o No padecer enfermedades que tengan repercusiones de salud pública graves, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
o No encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España, si se ha acogido a un programa de retorno voluntario.